En 2025 la Fuerza Aérea recibió los primeros seis de los veinticuatro F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca. El Ejército incorporó los primeros vehículos Stryker de un pedido norteamericano que supera las ochenta unidades. Son pasos modestos pero reales hacia la recuperación de capacidades perdidas durante décadas de desinversión. La Armada Argentina, en cambio, cerró el año con cero submarinos operativos, sin aviación de ataque embarcada, una flota de superficie envejecida y con un Presupuesto 2026 que, en términos reales, la deja peor que el año anterior. El desbalance también se ve en los números. El Presupuesto 2026 asigna aproximadamente 1.190 millones de dólares al Ejército, 602 millones a la Armada y 494 millones a la Fuerza Aérea. La Armada queda en el medio en términos brutos, pero pierde en términos relativos a su misión: custodiar el dominio más extenso del país. Cerca de 2,7 millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, más las áreas de plataforma continental extendida, sobre los que ninguna otra fuerza tiene responsabilidad primaria; a lo que se suma, en el sector antártico, el rol logístico preeminente que la Armada cumple para sostener la presencia conjunta del país en el continente blanco.
La Argentina insular: una doctrina centenaria que vuelve
En 1916, el almirante Segundo Storni formuló en Intereses Argentinos en el Mar una tesis incómoda para una elite mentalmente continental: la Argentina no es un país únicamente continental, sino un país insular, proyectado como cuña hacia el Polo Sur, que “lo espera todo por la vía marítima”. La conclusión era inevitable: un país así necesita una marina, una conciencia marítima, una política naval. No como lujo institucional sino como pieza de la propia subsistencia económica. Hoy, los números respaldan ese diagnóstico con una contundencia que en su época era difícil de dimensionar: la superficie continental americana sobre la que el Estado ejerce soberanía efectiva es de unos 2,79 millones de kilómetros cuadrados; los espacios marítimos, sumando mar territorial, ZEE, plataforma continental extendida reconocida por la ONU en 2016 y 2017, áreas de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en disputa, sector antártico y aguas adyacentes, rondan los 6,68 millones. La Argentina oceánica es más del doble de la Argentina continental. La parte del territorio que está bajo el agua, o bajo bandera ajena y reclamada como propia, supera ampliamente a la parte que está firmemente bajo control efectivo.
Y ese desbalance se acrecienta si se mira hacia adelante. Tres factores vuelven al planteo de Storni más actual que en su propia época. Primero, la Antártida, cuya importancia estratégica creció en línea directa con el interés extra-regional por sus recursos minerales, hídricos y biológicos, y donde la cercanía geográfica argentina es un activo que se deprecia si no se ejerce. Segundo, los recursos marítimos: pesquerías, hidrocarburos offshore en las cuencas Argentina Norte y Malvinas, minería submarina futura, bioeconomía oceánica. Tercero, la cuestión Malvinas, que sigue siendo el centro de gravedad de la disputa por el Atlántico Sur y de la proyección hacia el sector antártico. A todo eso se suma una transformación del perfil productivo argentino que Storni intuyó pero no pudo ver: el país se está reposicionando como proveedor preeminente de recursos energéticos, mineros y alimenticios, cuya salida al mundo es, en su gran mayoría, marítima. Vaca Muerta y el GNL, el litio del NOA, la soja, la carne, los granos en el horizonte exportador requieren mares vigilados, rutas seguras y un Estado capaz de hacer respetar derechos en el agua.
Geografía como doctrina
Argentina tiene uno de los dominios marítimos más grandes y estratégicamente valiosos del hemisferio sur. Cerca de 2,7 millones de kilómetros cuadrados solo de Zona Económica Exclusiva, sin contar la plataforma continental extendida ni las aguas adyacentes al sector antártico. Yacimientos de hidrocarburos offshore cuya exploración apenas comienza. Una de las pesquerías más codiciadas del planeta, devastada cada año por una flota de aguas distantes que se concentra en el límite de la Milla 201 (mayoritariamente china, pero que incluye buques de Taiwán, Corea del Sur, España, Portugal, Rusia y un número creciente de unidades con bandera de conveniencia, sobre todo Vanuatu), con pérdidas estimadas en miles de millones de dólares anuales. Sumado a todo eso, la posición geográfica más cercana a la Antártida, un continente que hacia 2048 entrará –por primera vez desde 1998– en una ventana de revisión del Protocolo de Madrid: cualquier parte consultiva podrá solicitar una conferencia para reabrir el régimen de recursos minerales. Esa ventana no se abre en el vacío: se abre después de veinte años de posicionamiento geopolítico acelerado de China, India, Rusia y otros actores extra-regionales en el continente blanco.
Esa es la geografía. Esa es la respuesta. Una Armada argentina seria tiene tres misiones naturales, en orden de prioridad: custodiar los recursos del mar argentino, ser el ancla logística de la Antártida, y conservar una capacidad mínima de proyección para operar en coalición cuando corresponda. Todo lo demás es decorativo.
El caso Scorpène: una buena plataforma en el momento equivocado
Nada ilustra mejor el extravío estratégico de la Armada que la negociación, hoy estancada por falta de financiamiento, para comprar tres submarinos Scorpène a Naval Group por aproximadamente 2.300 millones de dólares.
Los submarinos convencionales son plataformas de disuasión estratégica en el sentido más clásico del término: tienen sentido cuando un Estado puede articular una amenaza creíble en un escenario definido, con una doctrina de empleo ante el adversario, y con el respaldo de una flota de superficie, aviación de patrulla marítima y cadena logística que les dé continuidad operativa. El Scorpène, en sí mismo, es un submarino convencional muy bueno y robusto, con un historial operacional probado y crecientemente consolidado en la región: Chile lo opera dentro de un concepto estratégico coherente, Brasil está incorporando los suyos como parte de un programa industrial y de disuasión con ambiciones regionales. Que sea la plataforma de las dos marinas sudamericanas más comparables a la argentina es, en términos de interoperabilidad, entrenamiento conjunto, mantenimiento compartido y cooperación regional, un activo nada menor. El problema no está en la plataforma ni en el criterio técnico con que la Armada la evaluó; está en el orden de prioridades. ¿Cuál es el concepto argentino que justifica poner submarinos en el primer lugar de la fila? ¿Contra quién? ¿Con qué doctrina? ¿Operados por quién, si la Armada no logra retener oficiales y suboficiales por los salarios? ¿Escoltados por qué destructores, sostenidos por qué aviación, mantenidos en qué astillero?
Nadie lo dijo porque no existe respuesta. Se compran submarinos porque antes tuvimos submarinos. Porque el hundimiento del ARA San Juan en 2017 dejó una herida institucional que el reequipamiento simbólico busca cicatrizar. Pero ese no es un concepto estratégico: es nostalgia presupuestada a 2.300 millones de dólares, en un país donde Defensa no llega al 0,3% del PBI y donde el 90% del presupuesto se va en salarios y jubilaciones. Esos mismos 2.300 millones, aplicados con criterio, podrían financiar una transformación completa de las capacidades que Argentina sí necesita.
Vale aclarar: no se trata de descartar el arma submarina. Para una plataforma marítima del tamaño de la Argentina, el submarino convencional es una capacidad legítima cuya recuperación, en algún momento, debería volver a la mesa. Se trata de reconocer que hoy no debería ocupar el primer lugar de la lista de prioridades. Y, llegado el momento de discutir el modelo, valdrá la pena mirar todo el menú: el propio Scorpène, una plataforma probada y madura; el Type 214 alemán y sus derivados, con buenas prestaciones, precios históricamente competitivos y una continuidad técnica que la Armada ya conoce desde los TR-1700 y los Type 209 Salta; o diseños más nuevos como el A26 Oceanic sueco y el Type 212CD alemán, cuyo desempeño operacional convendrá ver maduro antes de decidir. Cualquiera de esas opciones, en el momento estratégico y financiero adecuado, es discutible; ninguna es disparatada. Pero hay un argumento más interesante que el de elegir entre catálogos existentes. Lo razonable, tal vez, sea esperar: a tener un documento de planeamiento estratégico militar que defina con qué doctrina y para qué misiones se quiere recuperar el arma submarina, y a que la economía argentina permita una inversión seria, no un parche. El equivalente argentino del Type 218SG, el submarino que ThyssenKrupp diseñó a medida para Singapur, es un programa que vale la pena planificar.
Una concesión honesta antes de seguir: el argumento más sólido a favor de comprar ahora no es militar, es generacional. Cada año sin submarino operativo es un año de erosión silenciosa del know-how submarinista, y esa capacidad, una vez perdida, tarda una década en reconstruirse. Pero esa preocupación legítima no obliga a comprar plataformas; obliga a sostener la escuela. Convenios de embarque con Chile y Brasil, simuladores, formación conjunta y rotación en armadas aliadas cuestan una fracción del programa Scorpène y preservan el oficio hasta que exista doctrina y presupuesto para volver al arma submarina en serio.
Qué tendría que ser la Armada 2040
Una Armada coherente con la geografía argentina, y con lo que Argentina está dispuesta a pagar, se parece a esto:
Primero, un salto tecnológico en plataformas autónomas. USVs para patrullaje persistente de la ZEE, UUVs para vigilancia submarina y relevamiento oceanográfico, UAVs navales de mediana y larga autonomía integrados con los P-3C Orion recientemente incorporados. Es el segmento donde Argentina puede, por una vez, no llegar tarde: la tecnología está madura, los costos unitarios son una fracción de las plataformas tripuladas, y existe una base industrial y académica local (INVAP, CITEDEF, universidades) que puede participar del desarrollo en lugar de limitarse a importar. La señal internacional es inequívoca: el 21 de abril de 2026, el Comando Sur de los Estados Unidos, el comando geográfico norteamericano responsable de América Latina, anunció la creación del Southern Autonomous Warfare Command, una estructura dedicada exclusivamente a operar sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados en todos los dominios. Si los principales actores militares de referencia avanzan hacia sistemas autónomos, insistir en una prioridad desbalanceada sobre submarinos convencionales implica llegar tarde a la próxima curva tecnológica. No es una solución mágica; requiere construir una arquitectura de C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, es decir, el sistema nervioso digital que conecta sensores, datos y decisores en tiempo real) que hoy no existe. Pero el retorno por dólar invertido es órdenes de magnitud superior al de un submarino.
Segundo, una capacidad polar real. Rompehielos, buques logísticos y de patrullaje ice-class, infraestructura portuaria en Ushuaia, hoy sin partida presupuestaria en 2026, según una reciente solicitud de informes en la Cámara de Diputados. Si Argentina aspira a ser algo más que un espectador cuando se abra la ventana de revisión antártica, necesita poder operar físicamente en el continente con continuidad. Presencia sostenida, apoyo a la ciencia nacional e internacional, capacidad de respuesta ante emergencias. No se trata de militarizar la Antártida; se trata de que cuando los demás estén allí con recursos, nosotros también lo estemos.
Tercero, una fuerza de superficie chica, moderna y modular. Reemplazar gradualmente los MEKO 360 y las corbetas MEKO 140 (todas con cuatro o cinco décadas de servicio) por una flota reducida de fragatas modulares en el rango de la Mogami japonesa o plataformas comparables en precio y capacidad: seis unidades como máximo, configurables según la misión, capaces de operar en coalición internacional cuando Argentina necesite sentarse en la mesa. Complementadas por un buque multipropósito inspirado en el NRP D. João II portugués: plataforma híbrida logística, expedicionaria y científica, con capacidad para sostener operaciones en el Atlántico Sur y apoyar la misión antártica. Y, articulada con esa fuerza de superficie, una agrupación de fuerzas especiales navales entrenada para interdicción de buques, rescate en el mar, contra-piratería y operaciones quirúrgicas limitadas; un tipo de capacidad de alto valor y bajo costo relativo. Es en ese segmento, no en los submarinos, donde la Argentina puede construir al corto y mediano plazo una capacidad de proyección proporcional a su tamaño real.
Lo que no entra en este esquema es tan importante como lo que sí entra. No entran los fantasmas de la Armada de 1978. No entra una aviación naval de ataque, ni embarcada ni desde tierra. La aviación naval de ataque embarcada (los Super Étendard de Malvinas) tenía sentido cuando la Armada conservaba la idea de operar grupos de combate alrededor de un portaaviones. Sin esa pieza central, hablar de reconstruirla es un ejercicio académico. Mantenerla desde tierra es un sinsentido todavía mayor: una formación de ataque aéreo contra buques, basada en aeródromos del litoral, solo se justifica si existe una doctrina expedicionaria que la respalde, y la Armada Argentina ni la tiene ni tiene por qué tenerla. Sin una flota propia que vaya a proyectarse lejos, una aviación naval de ataque no está al servicio de nada concreto. Y para misiones aire-superficie eventuales sobre el litoral, la Fuerza Aérea puede cumplir ese rol con sus F-16. Es el estándar moderno: Noruega integró el Joint Strike Missile en sus F-35 sin mantener aviación naval de ataque, Australia y Singapur recorrieron caminos análogos, y la propia USAF integró por primera vez un misil antibuque en sus F-16 en 2025. El cambio tecnológico —cazas polivalentes con misiles antibuque stand-off de 100 a 500 km— borró la frontera doctrinaria que justificaba una aviación naval dedicada, y deja la cuestión del proveedor como una decisión técnica y política dentro de una arquitectura ya disponible.
La aviación naval que sí tiene sentido en el 2040 es la que se ocupa de patrulla marítima de largo alcance y guerra antisubmarina (ASW) sobre los P-3C Orion, búsqueda y rescate (SAR) sobre un litoral de más de 4.700 kilómetros, y apoyo aéreo a operaciones especiales navales y enlace con plataformas no tripuladas.
La Armada 2040 debe ser, en esencia, una fuerza diseñada para proteger lo que Argentina tiene, sostener lo que Argentina reclama y proyectar, con humildad, lo que Argentina puede.
Una observación final que precede a todo lo anterior: nada de esto funciona sin resolver el problema del personal. Solo en el primer semestre de 2025, 2.273 efectivos pidieron la baja en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la Armada al frente del éxodo. Un guardiamarina egresado de la Escuela Naval Militar tras cinco años de formación cobra $926.881, un marinero raso cobra $686.838. Un vigilador privado sin antigüedad cobra $1.584.600 de bruto. El éxodo no es uniforme: se van primero los técnicos calificados (electrónica, propulsión, sistemas de armas, sonar) con mercado civil inmediato y los únicos sin los cuales una plataforma moderna es un chiche caro sin tripulación que lo sostenga. La paradoja es brutal: el 90% del presupuesto de Defensa se va en salarios y jubilaciones, pero los salarios siguen siendo de pobreza. Eso no es un problema de plata insuficiente; es una pirámide mal dimensionada, una planta enorme con remuneración indigna en lugar de una planta más chica con sueldos competitivos. Reordenar esa estructura es la decisión más profesionalizante que un gobierno puede tomar sobre Defensa, y la única que vuelve sostenible cualquier plan de reequipamiento.
Malvinas: disuasión como respaldo de la vía pacífica
Cualquier discusión seria sobre la Armada Argentina tiene que hablar de Malvinas, y hablar de Malvinas con honestidad. La Constitución fija, en su Disposición Transitoria Primera, el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur conforme a los principios del derecho internacional. Fija también el método: medios pacíficos. Salvo una reforma constitucional o una ruptura completa del orden institucional y un cambio profundo del ánimo social (ninguno de los cuales está sobre la mesa ni debería estarlo), la vía militar de recuperación está descartada. Una fuerza de invasión no es, ni tiene por qué ser, un requisito de la política argentina.
Lo que sí es un requisito, si se quiere que la vía pacífica sea algo más que una declaración simbólica, es que el statu quo deje de ser gratuito para Londres. Una Armada creíble no alcanza para desalojar a una potencia nuclear con guarnición permanente, cazas Typhoon en Mount Pleasant y submarinos clase Astute en rotación. Pero una Armada creíble sí alcanza para elevar el costo político, logístico y financiero de sostener indefinidamente esa presencia: obliga a Londres a dedicar más recursos a una geografía cada vez más lejana en términos relativos, reduce el margen de tranquilidad operativa británica, y hace que la mesa de negociación sea, por primera vez en décadas, una alternativa menos incómoda que el inmovilismo. La disuasión, en este caso, no busca tomar nada por la fuerza. Busca que el otro lado tenga algo que ganar sentándose a conversar.
Chile, o la geografía compartida
La segunda pata, menos explorada y más prometedora, es la cooperación naval con Chile. La geografía nos entregó a los dos países, juntos, el control físico de los tres pasos que conectan los océanos del hemisferio sur: el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y el Pasaje de Drake, también conocido como Mar de Hoces. Hay otros caminos hacia la Antártida (Estados Unidos opera desde Nueva Zelanda, otros países llegan directo en buque desde sus puertos de origen), pero la ruta más corta, barata y logísticamente eficiente pasa por Sudamérica. Cualquier Estado que quiera sostener una presencia antártica seria a escala tiene que considerarla. A esa función antártica se suma otra dimensión que muchas veces queda en segundo plano: los pasos australes son la alternativa marítima de respaldo para el tránsito mundial cuando los grandes chokepoints del hemisferio norte se interrumpen. Cada vez que Suez o Panamá se traban –por accidente, conflicto o disputa política, como mostraron el bloqueo del Ever Given en 2021 o las amenazas hutíes en el Mar Rojo desde 2023–, o cuando un buque directamente excede las dimensiones permitidas en esos canales (portaaviones y grandes anfibios de las marinas mayores, mercantes Suezmax o Capesize), el sur de Sudamérica deja de ser una ruta marginal y pasa a encabezar el ranking. Quien tiene capacidad de balizamiento, búsqueda y rescate, practicaje y respuesta logística sobre esos pasos tiene una palanca estratégica que excede el plano bilateral con Chile y pesa sobre la economía mundial. La historia entre Buenos Aires y Santiago en materia marítima fue durante décadas de desconfianza, y en 1978 estuvimos a un paso de la guerra por el Beagle. Pero hoy las condiciones son otras: relaciones bilaterales estables, Chile modernizando su flota, y un interés convergente en la Antártida donde ambos países tienen los reclamos territoriales más sólidos del sistema.
Una arquitectura de cooperación naval binacional (patrullaje coordinado de los chokepoints, interoperabilidad de sistemas, ejercicios antárticos conjuntos, infraestructura portuaria compartida en Ushuaia y Punta Arenas, intercambio de información satelital y submarina) es probablemente el multiplicador de fuerza más grande que cualquiera de las dos armadas puede conseguir a costo razonable. El precedente existe: el Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA), lanzado por el Quad –i.e. Estados Unidos, India, Japón y Australia– en 2022, integra hoy a más de dos docenas de países del Indo-Pacífico en una arquitectura compartida de vigilancia marítima satelital en tiempo real, orientada principalmente al combate de la pesca ilegal y el rastreo de buques oscuros. Un «Atlantic-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness» entre Argentina, Chile y potencialmente Brasil, Uruguay, Perú y socios extra-regionales sería un vehículo natural para construir esa misma capacidad en la región. Para 2048, cuando se abra la ventana del Protocolo de Madrid, los dos países con los reclamos antárticos mejor fundados serían también los dos que controlan físicamente el acceso más conveniente. Esa es una posición de negociación que ningún submarino, por sofisticado que sea, puede comprar.
No es gasto, es inversión
Hay una objeción previsible a todo lo anterior, y conviene desarmarla antes de llegar al presupuesto: en un país con la restricción fiscal argentina, cualquier peso (o dólar) que va a Defensa es un peso (o dólar) que no va a otra cosa. El argumento es verdadero contablemente y falso económicamente. Defensa no es consumo del Estado, es infraestructura institucional, y, desde el propio marco liberal que el gobierno dice abrazar, una de las pocas funciones que ni siquiera los liberales más minimalistas discuten.
La razón es conceptualmente simple: no hay derechos de propiedad sin capacidad de hacerlos valer. Un título sobre cerca de 6,68 millones de kilómetros cuadrados de mar no vale lo que dice el papel; vale lo que el titular puede efectivamente defender. Cuando flotas pesqueras extranjeras extraen recursos argentinos año tras año sin consecuencias, lo que está ocurriendo no es un problema ecológico ni un problema diplomático: es una expropiación silenciosa y sostenida contra los argentinos dueños de ese recurso. Una Armada que no puede impedirlo no falla en una misión militar. Falla en proteger la propiedad común de todo el pueblo argentino. Desde un liberalismo serio (el de Locke, el de Smith, el del Estado que existe precisamente para garantizar la propiedad contra el saqueo), esa falla no es un detalle: es una renuncia al núcleo mismo de la función estatal.
Los efectos económicos de revertirla son concretos y medibles. La industria pesquera argentina convive hoy con una presión depredatoria que, según estimaciones habituales, le cuesta al país miles de millones de dólares anuales en recursos extraídos, empleos no creados y cadenas de valor no desarrolladas. El contraste con el otro lado de la disputa de Malvinas es elocuente: el gobierno colonial de las islas, que administra un territorio de 3.500 habitantes y un archipiélago de 12.000 km², recaudó en 2022 unos 30,5 millones de libras esterlinas (~41,2 millones de dólares) solo en concepto de licencias pesqueras vendidas a buques principalmente de Taiwán, Corea del Sur y España; la pesca representa entre el 58% y el 65% del PBI isleño. El mismo recurso pesquero que la Argentina pierde por incapacidad de control es, del otro lado de una línea jurisdiccional que el país no reconoce, la columna vertebral de un fisco autónomo. Una ZEE efectivamente vigilada (con plataformas autónomas, patrulla aérea y capacidad de respuesta) no solo recupera esos recursos: habilita una industria pesquera formal que paga impuestos, genera empleo en Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia, y construye marca-país en mercados premium. Lo mismo aplica, con lógica amplificada, a la exploración offshore de hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte y la Cuenca Malvinas: ninguna petrolera internacional compromete capital a veinte años en una jurisdicción donde la soberanía marítima es declarativa. La prima de riesgo asociada a la inseguridad soberana sobre el recurso se paga en condiciones peores de inversión, regalías menores y proyectos que nunca se concretan. Una Armada creíble baja esa prima. Prácticamente se paga sola.
La lista sigue.
Turismo antártico: un mercado en crecimiento del que Ushuaia ya captura la mayor parte del flujo global, pero cuya consolidación depende de infraestructura portuaria, capacidad SAR y presencia sostenida en el continente, todas funciones navales.
Cables submarinos: la práctica totalidad del tráfico internacional de datos del país, desde transacciones financieras hasta servicios estatales y comunicaciones civiles, atraviesa unos pocos cables apoyados en el lecho marino del Atlántico Sur. Es uno de los vectores más vulnerables y, a la vez, menos visibles de cualquier economía moderna: cortarlos es barato, atribuir el corte es difícil, y los precedentes recientes en el Mar Báltico y el Mar del Norte muestran que el sabotaje a infraestructura submarina ya es una herramienta operacional del conflicto contemporáneo. Vigilar el trazado, asegurar tiempos de respuesta razonables ante incidentes y disuadir interferencias deliberadas requiere capacidades UUV, sensores de fondo y patrulla marítima que hoy no existen.
Investigación Científica Marina (ICM) y bioeconomía: el Atlántico Sur y la zona austral concentran algunas de las preguntas científicas más relevantes del siglo (circulación oceánica y clima, biodiversidad antártica, recursos genéticos marinos) y eso explica por qué buques de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Alemania y otros países hacen ICM con frecuencia creciente en aguas próximas a la ZEE argentina. La autorización, el monitoreo y la participación en esa investigación son atributos soberanos directos, definidos en CONVEMAR; ejercerlos exige una Armada con capacidad de seguimiento, embarque de observadores, hidrografía propia y buques científicos modernos. No solo para custodiar, sino para construir la base de conocimiento sobre la cual se discutirán recursos y derechos en las próximas décadas.
Logística polar para terceros países: un servicio que Argentina podría monetizar si tuviera la capacidad instalada para prestarlo. La famosa Base Naval Integrada en Ushuaia es la pieza que hoy falta para captar a las flotas que operan al sur del paralelo 60°. Sin esa infraestructura de uso dual, los buques seguirán recalando en Punta Arenas y la Argentina continuará observando, desde la orilla, un mercado que su geografía le ofrece servido.
Y, en un plano más clásico, el principio que Adam Smith formuló hace dos siglos y medio, y que la Royal Navy convirtió en política imperial durante el siglo XIX: el comercio libre requiere mares libres, y los mares libres requieren marinas que los mantengan así.
Nada de esto es gasto social disfrazado. Es infraestructura de seguridad jurídica sobre un activo nacional. El gobierno que hizo de la defensa de la propiedad privada y del orden institucional su bandera ideológica tiene, en la recuperación del poder naval, una de las aplicaciones más ortodoxas y consistentes posibles de su propio programa.
El problema político
Nada de esto es posible sin una decisión política que el Presupuesto 2026 dice, con claridad quirúrgica, que no se está tomando. La pregunta de fondo es de ambición: Argentina se presenta al mundo como un jugador geopolítico con peso creciente, faro de libertad y prosperidad en la región, socio confiable de Occidente. Ese relato es defendible, pero tiene un costo. Un país que aspira a proyectar influencia, defender sus propios recursos y ocupar un lugar protagónico en el hemisferio sur no puede hacerlo con un gasto de Defensa del 0,28% del PBI, el más bajo de América Latina. Las ambiciones cotizan en dólares, no en declaraciones.
Un plan Armada 2040 serio requiere llevar el gasto de Defensa al 1,5% del PBI de manera progresiva (un objetivo moderado incluso para los estándares regionales), restablecer un piso legal para inversión de capital, reordenar la estructura salarial para frenar el éxodo de personal calificado y, sobre todo, que el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto produzcan, por primera vez en décadas, un documento público y difundido de planeamiento estratégico militar que defina qué rol le toca a la Armada dentro del instrumento militar conjunto, en qué escenarios, con qué medios y por cuánto. Sin esa brújula, cualquier compra seguirá siendo ruido caro. Con esa brújula, defender el mar argentino deja de ser un eslogan y empieza a ser una política.
Una primera señal en esa dirección acaba de aparecer. El 4 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 314/2026, que crea el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA). La medida afecta a Defensa el 10% de los ingresos por privatizaciones de la Ley 27.742, el 10% de los ingresos por enajenación o alquiler de inmuebles administrados por la AABE y el 70% de esos ingresos cuando los inmuebles ya estaban bajo órbita militar; los recursos se suman al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) sin reemplazarlo, y el Estado Mayor Conjunto tiene 90 días para elevar los requerimientos urgentes. Es, por lo pronto, una arquitectura financiera; no resuelve el problema de fondo del 0,28% del PBI ni reemplaza la falta de un libro blanco, pero por primera vez en años desacopla parte del reequipamiento del ciclo presupuestario anual y abre una ventana fiscal concreta. La pregunta que sigue es cómo se reparte ese flujo entre las tres fuerzas. La respuesta razonable, mirando los huecos de capacidad, no debiera ser la regla salomónica del tercio para cada una.
La Armada es, hoy, la fuerza con el catch-up pendiente más grande y la más exigente en términos de medios. La Fuerza Aérea ya tiene un calendario de incorporación de F-16 en marcha; el Ejército incorpora Stryker y mantiene un parque que, con todas sus carencias, opera. La Armada arranca desde mucho más atrás (sin las plataformas, sin la infraestructura antártica financiada, sin las capacidades autónomas que el resto del mundo ya despliega) y, a la vez, es responsable del dominio que más pesa en términos de superficie, recursos e intereses estratégicos. Por unidad de territorio a custodiar, es por lejos la fuerza menos dotada del país. Una asignación del Plan ARMA que reconozca esa asimetría –destinando una porción mayoritaria a inversión naval– no es un favor corporativo a la Armada: es la decisión financieramente racional para un país cuya principal vulnerabilidad estratégica está en el agua. Repartir el Plan ARMA en tercios iguales, o priorizar a las fuerzas que ya están recuperando capacidades, sería perder la única oportunidad concreta de años para empezar a cerrar la brecha más grave.
La Armada está donde está no porque los marinos sean menos capaces que sus pares del Ejército o la Fuerza Aérea. Está donde está porque el país no decidió qué quiere de ella. Hasta que lo haga, los anuncios van a seguir siendo reemplazos simbólicos por plataformas obsoletas, para capacidades que nadie puede explicar. Mientras tanto, la pesca seguirá desapareciendo, la Antártida seguirá llenándose de banderas ajenas, Malvinas seguirá siendo británica a costo cero, y el Mar Argentino seguirá siendo argentino más en el mapa que en el agua.
Iñaki Martinez Soria
