• Meta enfrenta un juicio que puede cambiar las reglas de las redes sociales. Una coalición de 29 estados acusa a la compañía de haber diseñado Instagram y Facebook para generar un uso compulsivo entre menores. Una derrota podría obligarla a modificar funciones como el scroll infinito y abrir la puerta a miles de demandas similares.
• Los Estados empiezan a regular cómo están diseñadas las plataformas. El debate ya no pasa solamente por el contenido, la privacidad o la edad mínima. Los gobiernos y tribunales empiezan a cuestionar los mecanismos utilizados para capturar y retener la atención.
• Regular a las tecnológicas se convirtió en una cuestión de poder. Meta, SpaceX, Palantir y otras compañías ya administran datos, algoritmos, inteligencia artificial e infraestructura que tienen consecuencias económicas, políticas e incluso militares. Ponerles límites dejó de ser únicamente una discusión sobre tecnología para convertirse también en un debate sobre quién fija las reglas del espacio digital.

¿Qué pasó?

Meta enfrenta en California el que puede convertirse en el juicio más importante hasta ahora sobre los efectos de las redes sociales en menores. Una coalición bipartidista de 29 estados estadounidenses acusa a la compañía de haber diseñado deliberadamente Facebook e Instagram para generar un uso compulsivo entre niños y adolescentes, al mismo tiempo que minimizaba públicamente los riesgos asociados a sus plataformas. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan esta primera instancia del litigio y llevan adelante sus reclamos bajo leyes estatales de protección al consumidor, mientras los 29 estados sostienen además que Meta recopiló y utilizó ilegalmente datos personales de menores de 13 años.

El centro del caso no está solamente en el contenido que circula por Instagram o Facebook, sino en cómo están construidas las plataformas. Los fiscales apuntan contra herramientas como el scroll infinito, las notificaciones constantes, el autoplay y otras funciones destinadas a prolongar el tiempo de permanencia de los usuarios. Los estados sostienen además que documentos e investigaciones internas demostrarían que Meta conocía los efectos negativos que algunos de esos mecanismos podían producir sobre los jóvenes y, aun así, no introdujo las modificaciones suficientes. Meta rechaza las acusaciones, asegura que ha invertido durante años en seguridad infantil y sostiene que no existe evidencia que permita responsabilizar directamente a sus plataformas por los problemas de salud mental adolescente.

El riesgo económico es extraordinario. Los estados han señalado ante el tribunal que podrían reclamar cerca de US$200.000 millones, una cifra equivalente aproximadamente a los ingresos anuales de Meta en 2025 y cercana al 14% de su actual valor bursátil. Los demandantes buscan también que Meta modifique el funcionamiento de sus plataformas, incluyendo restricciones de edad y cambios sobre herramientas como el scroll infinito.

El proceso llega después de varias derrotas judiciales para la compañía. Este año, un jurado de Los Ángeles responsabilizó a Meta y YouTube por el diseño adictivo de sus productos en un caso individual, mientras que en Nuevo México Meta recibió condenas que suman US$942 millones vinculadas con daños a menores y explotación sexual infantil. El nuevo juicio es mucho mayor porque busca transformar esas decisiones particulares en un precedente aplicable a una compañía que opera globalmente y tiene miles de millones de usuarios. Mark Zuckerberg y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, están entre los ejecutivos que se espera que declaren durante un proceso que podría extenderse varias semanas.

¿Por qué importa?

•El riesgo para Meta es que cambie la economía de la atención.El negocio publicitario de las plataformas depende, en buena medida, de mantener a los usuarios conectados, obtener información sobre sus preferencias y mostrarles contenido y publicidad cada vez más personalizados. Por eso, obligar a modificar los mecanismos que aumentan el tiempo de permanencia puede ser estructuralmente más relevante que una sanción económica extraordinaria. El caso recuerda a las demandas contra las grandes tabacaleras de los 90s, aquellas compañías sobrevivieron y siguieron siendo rentables, pero el costo sanitario de su producto dejó de ser considerado exclusivamente una responsabilidad individual y empezó a generar obligaciones, restricciones y compensaciones para la industria.

• De la autorregulación a una etapa de “intervención estatal“. Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años; España y Dinamarca avanzan con restricciones similares y el Parlamento Europeo ha pedido establecer una edad mínima común de 16 años, mientras la Comisión Europea prepara nuevas reglas contra diseños digitales considerados adictivos. Pero estos primeros experimentos también muestran los límites de estas políticas, meses después de la prohibición australiana, estudios y datos oficiales mostraron que un 80% de los menores seguía accediendo a las plataformas, y en Francia el Consejo Constitucional acaba de bloquear una prohibición para menores de 15 años por considerar que afectaba desproporcionadamente la libertad de expresión y la privacidad.

• La pelea de fondo: Big-tech vs. Big- state. En la disputa judicial se cuela un desafío extra. Un fenómeno emergente de los últimos años es la relevancia que han alcanzado las principales empresas tecnológicas globales. En muchos casos, la magnitud de estas compañías (ya sea medida en capital, datos, capacidades o influencia) sobrepasa sustancialmente al de los Estados que deben regularlas. No obstante, varios países han emprendido una suerte de cruzada para mitigar el poder de las big-tech. La competencia entre Estados y corporaciones empieza a manifestarse en acciones directas.

¿Cómo impacta?

• En Estados Unidos, la regulación tecnológica está generando una de las pocas coaliciones que atraviesan la polarización política. La ofensiva judicial contra Meta reúne a fiscales generales republicanos y demócratas, mientras en Washington republicanos y demócratas impulsan distintas versiones de legislación sobre seguridad infantil: la Cámara aprobó en junio el KIDS Act y el Comité de Comercio del Senado avanzó en agosto con el Kids Online Safety Act, que permitiría limitar funciones consideradas adictivas. Pero este consenso convive con una relación cada vez más estrecha y compleja entre la Casa Blanca de Donald Trump y Silicon Valley: Zuckerberg pasó de mantener una relación profundamente conflictiva con Trump a integrar en 2026 el consejo presidencial de ciencia y tecnología, mientras Meta llegó incluso a intentar negociar en el Congreso protección frente a demandas por daños a menores a cambio de retirar su oposición a KOSA. Musk, por su parte, pasó de convertirse en uno de los principales aliados políticos de Trump a protagonizar una ruptura pública en 2025 y un posterior reacercamiento, mientras que Anthropic llegó a enfrentarse directamente con la administración por el uso militar y las restricciones de sus modelos.

• A nivel global, estas compañías dejaron de ser simples proveedores de servicios digitales y comenzaron a administrar infraestructura con consecuencias geopolíticas. El caso más evidente es Starlink: Ucrania depende de decenas de miles de terminales de SpaceX para comunicaciones militares y operaciones con drones, y una investigación de Reuters reveló que Elon Musk ordenó restringir cobertura durante una contraofensiva ucraniana en 2022, mostrando cómo una decisión tomada dentro de una empresa privada podía alterar directamente operaciones en un campo de batalla. La dependencia es tan sensible que Ucrania anunció este año que priorizará sistemas de inteligencia artificial que pueda operar en servidores propios para evitar que proveedores externos tengan capacidad de restringirlos o desconectarlos; al mismo tiempo, Palantir está trabajando con Kyiv en sistemas de IA desarrollados a partir de información acumulada durante la guerra.

• Para América Latina, el debate ya está llegando a la región, aunque con respuestas muy diferentes. Brasil puso en vigencia en marzo su Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, que obliga a vincular las cuentas de menores de 16 años con responsables legales, introduce sistemas de verificación de edad y limita mecanismos considerados adictivos; la semana pasada, además, su autoridad de protección de datos ordenó a Discord suspender temporalmente sus transmisiones en vivo por fallas en la protección de menores.

• En Argentina, muestra otro aspecto del fenómeno. El gobierno de Javier Milei ha cultivado relaciones particularmente cercanas con referentes de Silicon Valley como Elon Musk y Peter Thiel; este último se reunió con Milei en abril, incluso se instaló en Buenos Aires y acaba de invertir alrededor de US$76 millones para adquirir aproximadamente el 1% de Vista, una de las principales petroleras de Vaca Muerta, como mencionamos el lunes. Musk y Milei, a su vez, mantienen desde 2024 una relación basada en afinidades ideológicas y conversaciones sobre inversiones y litio.

El apoyo a restringir el acceso de los menores a las redes sociales se está consolidando como una tendencia transversal. El 71% de los encuestados a nivel global considera que los menores de 14 años no deberían utilizarlas, con niveles de apoyo que llegan al 87% en Indonesia, 85% en Francia y 79% en Australia. Pero el dato más significativo está en la evolución: frente a 2024, el apoyo aumentó en prácticamente todos los países relevados, con subas de hasta 13 puntos en Alemania, 11 en Japón y 9 en Brasil. India es la única excepción, con una caída de cinco puntos. El movimiento sugiere que el debate está dejando de concentrarse únicamente en cómo proteger a los menores dentro de las plataformas y empieza a desplazarse hacia una pregunta más estructural: a partir de qué edad deberían poder acceder a ellas.

¿Cómo sigue?

El juicio de Oakland debería extenderse durante aproximadamente seis o siete semanas y se espera que declaren, entre otros, Mark Zuckerberg, Adam Mosseri, ex empleados de Meta e investigadores especializados en el impacto de las redes sociales sobre menores.

Una derrota de Meta podría fortalecer miles de litigios similares contra redes sociales y generar precedentes para demandas contra TikTok, YouTube, Snap y otras plataformas que utilizan mecanismos de diseño comparables.

Nuestra mirada en ÓRBITA:

El juicio contra Meta puede terminar siendo importante por algo diferente a los US$200.000 millones que están en juego. Durante las primeras dos décadas de las redes sociales, los Estados permitieron que las plataformas definieran buena parte de las reglas del nuevo espacio público digital: qué se podía publicar, quién podía participar, qué información se amplificaba y qué mecanismos se utilizaban para mantener a los usuarios conectados. Esa etapa parece estar terminando.

¿Estamos entrando en una segunda generación de regulación tecnológica? La primera intentó controlar contenido, competencia y privacidad; la segunda empieza a cuestionar directamente la arquitectura de los productos: qué hace un algoritmo, cómo se captura la atención, qué mecanismos generan dependencia y qué responsabilidad tiene una empresa por haberlos incorporado deliberadamente. El cambio es importante porque regular contenido modifica partes de una plataforma; regular el engagement puede modificar su modelo económico.

Meta, SpaceX, Palantir, Anthropic o las grandes compañías de inteligencia artificial ya no controlan solamente aplicaciones: controlan datos, modelos de IA, satélites, infraestructura cloud, capacidad computacional y tecnologías utilizadas por gobiernos y fuerzas armadas. Eso genera una nueva categoría de actor internacional que no encaja del todo ni en la empresa tradicional ni en el Estado. El juicio contra Meta comienza discutiendo cuánto tiempo pasa un adolescente mirando Instagram, pero forma parte de una discusión mucho más grande: quién pone límites a compañías privadas cuando sus decisiones empiezan a producir efectos que antes estaban reservados a los gobiernos.