• Europa endurece la presión sobre Israel. Reino Unido, Francia y Canadá avanzan con restricciones comerciales contra los asentamientos israelíes. El impacto económico inmediato será limitado, pero marca un precedente: diferenciar en la práctica entre Israel y los territorios que ocupa desde 1967.
• La carrera por el mapa de un futuro Estado palestino. El avance de un proyecto específico podría separar Jerusalén Este de buena parte de Cisjordania y comprometer la continuidad territorial palestina. Las sanciones buscan preservar la solución de dos Estados mientras los hechos sobre el terreno hacen cada vez más difícil implementarla.
• La presión externa puede terminar jugando dentro de Israel. Netanyahu presenta las medidas como una injerencia extranjera a semanas de las elecciones del 27 de octubre. La confrontación con Europa puede reforzar el discurso de la derecha israelí y convertir Cisjordania y la soberanía en temas todavía más centrales de campaña.

¿Qué pasó? 

El Reino Unido, Francia y Canadá anunciaron nuevas restricciones comerciales contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, en una de las medidas más fuertes adoptadas hasta ahora por aliados tradicionales de Israel para intentar frenar su expansión en los territorios palestinos. Los tres países se comprometieron a prohibir la importación de bienes producidos en los asentamientos y a avanzar contra quienes faciliten o se beneficien de su expansión. Otros nueve países (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia) acompañaron una declaración que contempla restricciones nacionales o europeas similares y acusa a Israel de socavar la posibilidad de una solución de dos Estados.

Reino Unido fue un paso más allá y anunció que también podrá sancionar a empresas e individuos que presten servicios de construcción, infraestructura, financiamiento o bienes inmuebles vinculados con los asentamientos, prohibirá su publicidad en territorio británico y rechazará nuevas licencias para exportaciones que contribuyan materialmente a la ocupación. Parte del régimen comenzará a aplicarse inmediatamente, aunque la legislación completa demorará entre seis y nueve meses. El gobierno británico insiste en que las medidas apuntan exclusivamente a los territorios ocupados y no al comercio con Israel dentro de la Línea Verde.

Israel respondió inmediatamente. El gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó cerrar en un plazo de 30 días el consulado británico en Jerusalén Este, excluyó al Reino Unido de la misión de coordinación liderada por Estados Unidos para Gaza, puso fin al entrenamiento británico de las fuerzas de seguridad palestinas y prohibió la entrada de 12 ciudadanos británicos, entre ellos Jeremy Corbyn. 

El cierre del consulado tiene un peso especialmente simbólico porque no se trata de la embajada británica ante Israel, sino de la representación que gestiona las relaciones de Londres con Jerusalén, Cisjordania y Gaza, y buena parte de su vínculo político con los palestinos.

¿Por qué importa?

Europa busca dejar un precedente político. Los productos provenientes de los asentamientos representan una porción muy pequeña del comercio israelí, por lo que el impacto económico inmediato será limitado. Lo novedoso es el precedente político: Reino Unido, Francia y Canadá están pasando de condenar la expansión israelí en Cisjordania a diferenciar económicamente entre Israel y los territorios ocupados e imponer costos concretos a quienes operen allí. Hasta ahora, buena parte de Europa había cuestionado los asentamientos sin avanzar hacia restricciones significativas. Además, la iniciativa muestra una mayor autonomía frente a Washington, Londres está intentando articular una coalición europea sin Estados Unidos.

La solución de dos Estados, cada vez más compleja. El detonante es, sobre todo, el avance del proyecto de asentamientos E1, al este de Jerusalén. Su desarrollo podría separar Jerusalén Este de buena parte de Cisjordania y dificultar seriamente la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. Para los gobiernos que todavía defienden la solución de dos Estados, el problema ya no es solamente cuántos asentamientos construye Israel, sino si la expansión actual puede terminar por hacer territorialmente inviable esa solución. 

La presión internacional se mete en la campaña israelí. El gobierno presenta las sanciones británicas como un intento extranjero de influir en las elecciones del 27 de octubre, y eso puede terminar produciendo el efecto contrario al que busca Reino Unido: cuanto más fuerte es la presión externa, más fácil le resulta a Netanyahu y a sus socios de derecha convertir la elección en un plebiscito sobre la soberanía israelí frente a gobiernos extranjeros. Al mismo tiempo, la respuesta israelí es más selectiva de lo que parece. Netanyahu acaba de ordenar el desmantelamiento de algunos puestos de colonos levantados sin autorización del propio Estado, en medio de la presión de Washington por el aumento de la violencia. Pero su gobierno sigue impulsando los asentamientos formalmente aprobados y estratégicamente decisivos, como E1. Israel puede ceder en los focos de violencia o en las construcciones ilegales sin tocar el fondo de su estrategia territorial.

¿Cómo impacta? 

A nivel global, el episodio profundiza una fractura dentro de Occidente sobre cómo presionar a Israel. Reino Unido, Francia y Canadá avanzan hacia costos económicos concretos; Estados Unidos comparte la preocupación por la violencia de colonos y la estabilidad de Cisjordania, pero no acompañó las restricciones comerciales; y dentro de la propia Unión Europea, la oposición alemana sigue bloqueando una política común. La reacción estadounidense también es menos uniforme que la israelí: mientras el embajador Mike Huckabee atacó duramente las sanciones, Marco Rubio evitó condenarlas directamente y se limitó a advertir contra medidas que puedan desestabilizar Cisjordania.

Para Argentina, aparece una oportunidad diplomática llamativa, aunque todavía limitada. Itamar Ben-Gvir pidió a Netanyahu que reconozca oficialmente la soberanía argentina sobre las Malvinas, calificó a las islas como “territorio argentino ocupado” y propuso sancionar al Reino Unido. Por ahora es importante no sobredimensionarlo porque es la posición de uno de los ministros más duros del gobierno, no un cambio de la política exterior israelí. Pero muestra hasta dónde puede escalar la lógica de represalias. La paradoja es que esto ocurre justo cuando Argentina está aumentando la presión sobre intereses israelíes en las islas: el 8 de septiembre, el gobierno argentino presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias y directivos por operar en Malvinas con licencias británicas, y Milei anunció además un proyecto para endurecer las sanciones contra las empresas involucradas en la explotación de recursos. Es decir, una figura central del gobierno israelí respalda el reclamo argentino al mismo tiempo que Argentina avanza legalmente contra una empresa de ese país que opera en Malvinas.

¿Cómo sigue?

Las elecciones israelíes del 27 de octubre. Habrá que mirar si la confrontación con Reino Unido termina convirtiéndose en un argumento de campaña y fortalece la narrativa de Netanyahu, Smotrich y Ben-Gvir sobre la presión internacional contra Israel.

Proyecto E1. La licitación para las primeras 1.234 viviendas cierra el 19 de octubre. El próximo paso será ver si Israel adjudica efectivamente las obras antes o después de las elecciones y si la presión internacional logra demorar su ejecución. El salto a la etapa de licitación es especialmente importante porque acerca un proyecto discutido durante décadas a su implementación efectiva.

Hasta dónde se expande la coalición. Francia todavía debe definir cómo implementará su prohibición y varios de los nueve países que acompañaron la declaración no anunciaron medidas nacionales idénticas. La siguiente prueba será si la iniciativa sigue siendo una coalición de gobiernos individuales o consigue sumar nuevos países y eventualmente trasladar la presión al nivel de la Unión Europea.

Nuestra mirada en ÓRBITA:

Las sanciones importan menos por lo que prohíben que por lo que confiesan. Durante décadas, Occidente pidió que Israel frenara los asentamientos sin poner nada sobre la mesa; ahora Reino Unido, Francia y Canadá admiten que la condena ya no alcanza. Los tres gobiernos presentaron la medida como la continuación natural del reconocimiento del Estado palestino que hicieron hace un año: primero reconocieron un Estado, ahora intentan proteger el territorio donde debería existir. El problema es que la herramienta elegida es difícil de aplicar. Las economías de los asentamientos y de Israel están tan entrelazadas que separarlas es poco realista, y parte de la producción de Cisjordania ya llega a Europa etiquetada como israelí. Los dátiles y el vino son el símbolo, no el objetivo.

Del otro lado, Israel no oculta lo que está en juego. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y líder del Sionismo Religioso, el partido de la derecha nacionalista de colonos que sostiene a la coalición de Netanyahu, defendió abiertamente la expansión de asentamientos como una forma de «enterrar» la idea de un Estado palestino, y la licitación de E1 fue diseñada con ese calendario: el gobierno fijó el cierre de las ofertas apenas días antes de las elecciones del 27 de octubre. Por eso E1 puede terminar pesando más que las sanciones. Cada paso que Israel consolida en el terreno eleva el precio de revertirlo, y la coalición actual está dispuesta a pagar el costo diplomático precisamente porque sabe que ese precio sube con el tiempo.

Lo más revelador de la semana fue la ambigüedad estadounidense. La Casa Blanca se distanció de las declaraciones de Huckabee, que había calificado las sanciones británicas como discriminación contra los judíos, y aclaró que no habían sido coordinadas. Rubio marcó la verdadera preocupación de Washington: teme que la disputa complique el plan de 20 puntos para Gaza y la Junta de Paz. Es decir, Estados Unidos no defiende los asentamientos, pero prioriza la estabilidad de su arquitectura para Gaza sobre el mapa de Cisjordania. Ese vacío es el que Londres intenta ocupar, con un riesgo adicional: Huckabee recordó que 38 estados norteamericanos tienen leyes que restringen contratos con empresas que boicoteen a Israel, una amenaza velada de que las compañías británicas podrían pagar el precio de la política de su gobierno.

El interrogante de fondo sigue siendo el de la velocidad. Hay más consenso que nunca sobre el problema y menos acuerdo que nunca sobre cuánto cuesta enfrentarlo. Y mientras Europa discute etiquetas, licencias y plazos de seis a nueve meses, las excavadoras en E1 trabajan con un calendario más corto.