• Escalada militar sin precedentes en el Caribe: Estados Unidos desplegó 15.000 efectivos, el portaaviones USS Gerald R. Ford y fuerzas aéreas y navales que ya hundieron varias “narcolanchas”, combinando operaciones abiertas y encubiertas, lo que marca la primera acción bélica significativa en décadas en la región.
• Cierre de facto del espacio aéreo venezolano y aislamiento internacional: Trump anunció que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela quedaba “cerrado”, generando que aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos a Caracas. 
• Ofensiva política y judicial para justificar mayor presión: Washington calificó al “Cartel de los Soles” como organización terrorista, etiquetó al entorno de Maduro como “narcoterrorista” y mantuvo contactos discretos como la llamada Trump-Maduro, en un contexto de rumores sobre un posible exilio del mandatario.

¿Qué pasó? 

En los últimos meses, la relación entre Estados Unidos y Venezuela pasó de la hostilidad crónica a una confrontación abierta con componente militar. Washington lanzó una gran operación naval en el Caribe, formalmente contra el narcotráfico, con unos 15.000 efectivos desplegados y el portaaviones USS Gerald R. Ford como emblema, el mayor buque de guerra del mundo. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han hundido varias embarcaciones (“narcolanchas”) vinculadas a redes venezolanas, en los primeros bombardeos en décadas en la región, y Trump ha autorizado incluso infiltraciones y operaciones encubiertas.

En ese contexto, Trump anunció este fin de semana que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela permanecerá “cerrado en su totalidad”, un mensaje difundido en Truth Social dirigido a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”.

Aunque legalmente no controla el cielo venezolano, la señal ya tiene efectos prácticos: la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió de “actividad militar y riesgos de seguridad” y varias aerolíneas internacionales (TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol, Caribbean, entre otras) suspendieron sus vuelos a Caracas, acentuando el aislamiento del país. Caracas respondió denunciando una “amenaza colonialista” y una “agresión ilegal e injustificada”, presentando el cierre de facto del espacio aéreo como un ataque directo a su soberanía.

La escalada militar se combina con una ofensiva política y judicial. Washington declaró al “Cartel de los Soles” como organización terrorista, y cataloga al entorno de Maduro como “narcoterrorista”, en un paso interpretado por analistas como un intento de darle barniz legal a operaciones militares más agresivas. Al mismo tiempo, se mantiene un canal de contacto: la semana pasada hubo una llamada telefónica entre Trump y Maduro, revelada por la prensa estadounidense y europea, abrió la puerta a una eventual reunión en territorio estadounidense, aunque sin fecha ni formato definidos y en un clima de máxima desconfianza. En ese contexto, en los últimos días se acrecentaron los rumores en redes sociales de que Maduro estaría preparándose para exiliarse en Irán, con una breve escala en Turquía.

En el terreno interno, Maduro usa la amenaza externa para cerrar filas. El chavismo movilizó a las Fuerzas Armadas, reforzó la milicia civil y multiplicó los actos públicos con un discurso de “resistencia antiimperialista”, mientras acusa a Trump de buscar las reservas de petróleo venezolanas y un cambio de régimen.

¿Por qué importa? 

¿Cambio de régimen? La estrategia de Trump combina premios y castigos: por un lado, despliegue militar, designaciones terroristas y retórica de “narco-terrorismo”; por el otro, contactos discretos con Maduro y concesiones económicas puntuales como la reinstalación de la licencia de Chevron para operar en Venezuela a mediados de 2025. La Casa Blanca insiste en que la misión es “antidrogas”, pero tanto medios como analistas coinciden en que el objetivo real es presionar y debilitar al régimen hasta forzar una transición, más que una invasión inmediata. La llamada Trump-Maduro encaja en esta lógica en la misma lógica que lo sucedido con Irán: siempre abierto a negociar, pero mientras prepara los misiles.

Seguridad nacional y crimen organizado. Estados Unidos justifica la operación como respuesta a una supuesta “ruta venezolana” de cocaína hacia su territorio. Sin embargo, datos de la DEA muestran que cerca del 74% de la cocaína que llega a EE.UU. lo hace por el Pacífico y solo alrededor del 8% por lanchas rápidas desde el Caribe, lo que cuestiona la centralidad real de Venezuela para el mercado estadounidense. Sí es cierto que el Caribe funciona como corredor importante de drogas desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa, en un entramado donde confluyen cárteles, bandas venezolanas como el Tren de Aragua y redes de trata de personas, según Naciones Unidas y el PNUD. 

Un premio oscuro y crudo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, en torno a los 300.000 millones de barriles, alrededor del 18% de las reservas mundiales y más de cinco veces las de Estados Unidos. A pesar de ese potencial, la producción se ha desplomado por años de mala gestión, sanciones y colapso de PDVSA, aunque informes de 2024-2025 señalan cierta recuperación desde mínimos históricos. Para Washington, controlar el riesgo político sobre la “mayor reserva del mundo” es un factor estratégico: un conflicto abierto o un bloqueo prolongado podrían presionar al alza los precios internacionales y complicar su seguridad energética.

¿Cómo impacta? 

A nivel global. La escalada en Venezuela se cruza con la competencia entre grandes potencias. Xi Jinping le escribió una carta a Maduro donde llama a Venezuela “amigos íntimos, amigos queridos y buenos socios” y se comprometió a “proteger la soberanía, seguridad nacional, dignidad y estabilidad social” venezolana. Putin llamó a Maduro “un buen amigo” y el gobierno ruso vincula el despliegue con un intento de Washington de recuperar hegemonía en su “patio trasero”. Para los mercados, la presencia de la mayor reserva petrolera del mundo en el centro de una crisis con riesgo de conflicto directo, añade una capa de incertidumbre a los precios de la energía y a la seguridad de suministro global.

En América Latina. La militarización del Caribe sacudió la diplomacia regional. En la cumbre CELAC-UE en Santa Marta de principios de noviembre se incluyó en el documento final la idea del Caribe como “zona de paz”, evitando nombrar directamente a EE.UU.. Varios países, entre ellos Colombia, Brasil, México, impulsaron fórmulas de “seguridad marítima” y salidas políticas, mientras otros, como Argentina, Paraguay o Ecuador, se negaron a firmar los párrafos más críticos. Colombia es el país más directamente afectado: comparte con Venezuela más de 1.000 km de frontera, alberga alrededor de 2,8–3 millones de venezolanos y su frontera oriental es un corredor clave para cocaína y grupos armados como el ELN o disidencias de las FARC. Gustavo Petro dijo que el problema de Maduro es “la falta de democracia” pero negó que sea narco. Brasil también intenta una posición de equilibrio: Lula ofrece mediar y rechaza una guerra en su zona de influencia amazónica, mientras negocia con Washington sobre aranceles y cooperación climática. México, bajo Claudia Sheinbaum, mantiene una neutralidad activa, coordinándose con EE.UU. para frenar las narcolanchas sin avalar bombardeos adicionales y modulando su discurso sobre derechos humanos en Venezuela.

Argentina le cedió la representación de los intereses argentinos a Brasil a fines del año pasado, luego del hostigamiento venezolano a la embajada en Caracas. El vínculo con Caracas está prácticamente congelado, en el contexto de cuestiones sensibles como el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en una cárcel venezolana tras intentar cruzar la frontera para ver a su familia. La cercanía con Estados Unidos y la oposición a Maduro es lo que explican que el gobierno no se haya expresado de manera clara sobre la posibilidad de ataques a Venezuela.

¿Cómo sigue? 

• Escenario 1: Uso de la fuerza, negociación, pero no cambio de régimen. En este escenario se producen ataques limitados o demostraciones de fuerza, como golpes a lanchas en el Caribe o a instalaciones específicas dentro de Venezuela, pero no generan una fractura suficiente para provocar la caída del gobierno. El régimen logra mantener el control interno, aunque enfrenta un incremento significativo de los costos políticos, económicos y militares. La dinámica resultante es una negociación condicionada por la fuerza, en la que Estados Unidos busca concesiones concretas como liberación de presos políticos y mayor apertura energética. 
• Escenario 2: Presión, negociación y concesiones limitadas. En este escenario, Maduro accede a una negociación política más estructurada para obtener alivio de sanciones y reducir su aislamiento. Se avanza en posibles concesiones limitadas como aceptar un mayor número de deportados, lucha contra el narcotráfico y apertura controlada del sector energético para actores extranjeros. Aun así, las divisiones dentro de la oposición y la desconfianza entre los actores dificultan la consolidación de un proceso más profundo. 
• Escenario 3: Cambio de régimen por la fuerza. En este escenario, Estados Unidos ejecuta ataques militares limitados y selectivos contra infraestructura estratégica en Venezuela, como puertos, pistas y centros operativos vinculados a actores considerados de alto riesgo. Aunque no se trata de una invasión terrestre a gran escala, la presión combinada de estas operaciones, junto con sanciones, aislamiento diplomático y crisis interna, logra generar un nivel de desgaste y fractura suficiente dentro de la élite chavista. Como resultado, se produce una ruptura en el círculo de poder que empuja a Maduro a aceptar el exilio para evitar un conflicto mayor y preservar la seguridad de su entorno más cercano.

Nuestra mirada en ÓRBITA:

Desde la invasión de República Dominicana en 1965 hasta la operación en Granada en 1983 y la intervención en Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, Estados Unidos ha tratado la región como un espacio de seguridad doméstica ampliada, clave para controlar rutas marítimas y aéreas. A esto se suma el registro de acciones encubiertas, apoyo a golpes de Estado y campañas anticomunistas en Guatemala, Nicaragua y Cuba durante la Guerra Fría. Este legado condiciona la lectura actual: para muchos gobiernos latinoamericanos, la intervención estadounidense no es una hipótesis sino una experiencia repetida; para el chavismo, alimenta la narrativa de resistencia y justifica la militarización interna; y para Washington sigue siendo un precedente que legitima proyectar fuerza en su “vecindario estratégico”.

El conflicto venezolano debe entenderse como parte de un tablero geopolítico mayor donde compiten Estados Unidos, Rusia y China. Moscú observa la escalada en el Caribe a la luz de sus frentes estratégicos en Siria y Ucrania, donde disputa influencia territorial y militar con Occidente y busca frenar la expansión estadounidense. Para China, la crisis se interpreta según su prioridad absoluta: Taiwán. Beijing evalúa cada movimiento de Estados Unidos en Venezuela en función de sus posibles implicancias en el mar de China. Por eso, apoyar a Caracas no responde solo a lazos económicos o diplomáticos, sino a evitar que Washington gane posiciones que alteren la correlación de fuerzas global. 

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, impulsado por Trump, marca un giro desde la diplomacia hacia la coerción militar directa, con 15.000 efectivos, decenas de aeronaves y el portaaviones USS Gerald R. Ford como emblema. Aunque se presenta como operación antidrogas, el discurso del entorno trumpista, la influencia de republicanos de Florida como Marco Rubio y el ascenso de visiones militaristas asociadas a figuras como Pete Hegseth revelan un reposicionamiento cuyo objetivo real es forzar la salida de Maduro. La creciente transformación del Departamento de Defensa en un virtual “Departamento de Guerra” dentro de la narrativa trumpista refleja un retorno al intervencionismo, donde los intereses de seguridad y el acceso preferencial a las mayores reservas petroleras del mundo se combinan con cálculos electorales internos.