• Bolivia entra en una crisis de gobernabilidad. Las protestas contra el ajuste económico ya no son solo reclamos sectoriales: bloqueos, desabastecimiento y presión sindical pusieron al gobierno de Rodrigo Paz frente a su mayor desafío desde que asumió.
• El MAS perdió el poder, pero no la calle. La salida del MAS rompió el sistema político que ordenaba Bolivia, pero Evo Morales todavía conserva redes sindicales y capacidad de movilización para condicionar al gobierno y paralizar regiones enteras.
• La crisis económica ya es una crisis de Estado. Bolivia enfrenta caída de reservas, desplome de la producción de gas, déficit fiscal y dependencia energética. El riesgo ya no es solo político: el país empieza a tener dificultades para garantizar abastecimiento, control territorial y gobernabilidad.

¿Qué pasó? 

Bolivia entró en una fase crítica de su crisis política, pero el conflicto no empieza con Rodrigo Paz. Paz asumió en noviembre de 2025 después de una elección que cerró casi dos décadas de hegemonía del MAS y dejó un sistema político mucho más fragmentado: el viejo oficialismo llegó dividido entre el sector de Luis Arce y el de Evo Morales, mientras el nuevo presidente llegó con una agenda más moderada, pero sin el control territorial ni la maquinaria social que durante años ordenó la política boliviana. Esa transición nació débil: el MAS perdió el gobierno, pero no perdió capacidad de movilización; Arce quedó desgastado por la crisis económica y su pelea con Evo; y Morales, aunque fuera del poder formal, conservó redes sindicales, campesinas y territoriales capaces de condicionar al nuevo gobierno.

En ese marco, Paz enfrenta su mayor desafío desde que asumió: protestas sostenidas, bloqueos de rutas, desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, presión sindical y campesina, y un Congreso que acaba de darle más margen para usar herramientas excepcionales de poder. La última decisión que elevó la tensión fue la derogación de la ley que limitaba los estados de excepción. Con más de 2/3 de votos a favor, el Congreso eliminó una norma vigente desde 2020 que restringía la capacidad del presidente para declarar medidas excepcionales y regulaba la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida no implica automáticamente la activación del estado de excepción, pero abre la puerta para que Paz pueda recurrir a militares, restringir la circulación y limitar reuniones si considera que la crisis amenaza el orden interno.

El conflicto lleva casi un mes. Las protestas, impulsadas por sindicatos campesinos, mineros, sectores vecinales y grupos afines a Evo Morales, comenzaron como rechazo a las medidas de ajuste económico, especialmente la quita de subsidios y el aumento del precio de los combustibles. Pero con el correr de las semanas escalaron hacia una demanda política más amplia: la renuncia de Paz. En paralelo, el presidente anunció una reorganización de gabinete e intentó sostener una narrativa de diálogo. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de “aplicar la Constitución” si fracasan las negociaciones. Esa ambigüedad resume el dilema del Gobierno: necesita recuperar el control territorial, pero cualquier avance hacia una respuesta militarizada puede profundizar la crisis.

¿Por qué importa? 

• Años de crisis económica. Bolivia llega a esta crisis después de una década de deterioro gradual de su modelo económico. Las reservas internacionales cayeron desde más de USD 15.000 millones en 2014 a menos de USD 2.000 millones líquidos en 2025; la producción de gas —principal fuente histórica de divisas— cayó cerca de 50% en diez años y obligó al país a depender cada vez más de combustibles importados. El déficit fiscal superó el 10% del PBI durante varios años consecutivos y la deuda pública ronda el 95% del PBI, según estimaciones del FMI. En ese contexto, la eliminación parcial de subsidios a la gasolina y el diésel buscó reducir el gasto estatal y frenar la sangría de dólares, pero impactó directamente sobre precios, transporte y consumo. En un país donde los bloqueos y protestas tienen capacidad real de paralizar rutas, ciudades y cadenas de abastecimiento, el ajuste económico se transformó rápidamente en crisis política.

• El fin del MAS y el vacío de poder. La salida del MAS del poder no solo marcó un cambio de gobierno: rompió el mecanismo que durante casi dos décadas había ordenado la política boliviana. El partido que articulaba Estado, sindicatos, campesinos, cooperativas y calle llegó al final del ciclo dividido, sin liderazgo único y sin capacidad de disciplinar a sus propias bases. Paz heredó así un país donde el viejo oficialismo ya no gobierna, pero sus redes sociales y territoriales siguen activas y pueden bloquear cualquier intento de ajuste. El problema no es solo quién ocupa la presidencia, sino quién tiene capacidad real para ordenar Bolivia después del MAS.

• La respuesta bajo emergencia.Frente a casi cuatro semanas de protestas, bloqueos y problemas de abastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno y medicamentos, el gobierno de Rodrigo Paz avanzó con herramientas extraordinarias: habilitó “corredores humanitarios” para mover insumos esenciales y modificó las reglas para facilitar la declaración de estados de emergencia, con intervención del Congreso en un plazo de 72 horas. La apuesta oficial es recuperar circulación y abastecimiento sin ceder el núcleo del ajuste, pero el uso de fuerzas de seguridad y el despliegue militar elevaron el costo político.

¿Cómo impacta? 

• En Bolivia.Los bloqueos ya dejaron de ser una protesta sectorial y pasaron a afectar el funcionamiento básico del país. La Paz, El Alto y otras regiones registran problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. Eso cambia el clima político: cuanto más se prolonga la parálisis, más crece la presión de sectores no movilizados (comerciantes, transportistas, pacientes y familias urbanas) que reclaman orden y normalidad. Esa demanda puede darle margen a Paz para endurecer la respuesta, pero también aumenta el riesgo de una espiral de violencia. 

• En América Latina. La crisis boliviana empieza a ordenar posiciones regionales. Chile, bajo José Antonio Kast, se alineó con la defensa de la estabilidad institucional y fue uno de los gobiernos cuyo mensaje fue agradecido por la Cancillería boliviana como respaldo frente a los intentos de “ruptura institucional”. Brasil, en cambio, intentó moverse con más cautela: Lula evitó sobreactuar la crisis en clave ideológica y priorizó un tono de estabilidad regional y asistencia humanitaria. Colombia quedó en la vereda opuesta: Petro leyó el conflicto como una deriva autoritaria del gobierno de Paz, lo que abrió una crisis diplomática con expulsiones cruzadas de embajadores. Así, Bolivia vuelve a funcionar como termómetro regional: orden institucional, protesta social, seguridad fronteriza y alineamientos políticos empiezan a mezclarse en una misma crisis.

• En Argentina. Milei quedó alineado con Paz y convirtió la crisis boliviana en un tema de seguridad regional y frontera norte. La administración argentina facilitó aviones Hércules para montar un puente aéreo entre Santa Cruz de la Sierra, La Paz y El Alto, con el objetivo de trasladar alimentos y productos esenciales a zonas afectadas por los bloqueos. Para Buenos Aires, el riesgo no es abstracto: una Bolivia más inestable puede traducirse en más presión migratoria, comercio interrumpido, informalidad fronteriza y mayor margen para economías ilegales.

¿Cómo sigue? Tres escenarios:

• Desescalada controlada. Es el mejor escenario para Paz, pero también el más difícil. Implicaría que el Gobierno logre abrir corredores humanitarios, restablecer parcialmente el abastecimiento y dividir a los sectores movilizados entre quienes buscan negociar y quienes quieren sostener la confrontación. Para eso necesitaría acuerdos parciales con sindicatos, regiones o sectores económicos afectados, probablemente sin revertir del todo el ajuste. El objetivo sería bajar la intensidad del conflicto sin aparecer derrotado. La clave está en separar demandas económicas concretas —combustibles, transporte, alimentos— de la agenda más política que exige la renuncia del presidente.
• Crisis prolongada. Es el escenario más probable si ninguna parte logra imponerse. Los bloqueos continúan, el abastecimiento empeora y la presión social crece tanto sobre el Gobierno como sobre los sectores movilizados. Paz quedaría atrapado entre dos costos: negociar sin resultados, lo que lo mostraría débil, o endurecer la respuesta, lo que podría aumentar la violencia y darle más narrativa a la oposición. En este escenario, la economía se deteriora más rápido que la política: faltan combustibles, suben los precios, se frena el transporte y la crisis empieza a afectar a sectores que no participan de las protestas.
• Estado de excepción y escalada. Es el escenario de mayor riesgo. Si el Gobierno activa formalmente el estado de excepción, despliega militares y restringe circulación o reuniones, la crisis puede dejar de ser una disputa por el ajuste y convertirse en una disputa abierta por la legitimidad del Gobierno. Cada enfrentamiento, herido o muerto puede radicalizar más a los sectores movilizados y cerrar el margen para una salida negociada. Paz podría ganar control territorial en el corto plazo, pero al costo de quedar asociado a una respuesta militarizada. En una Bolivia con memoria reciente de crisis políticas, ese giro puede acelerar la polarización y abrir una etapa mucho más inestable.

Nuestra mirada en ÓRBITA:

Evo Morales es hoy el principal factor desestabilizador de Bolivia. Aunque ya no controla el Estado, conserva poder territorial, redes sindicales y capacidad de movilización para bloquear rutas, paralizar regiones clave y convertir el malestar económico en una ofensiva política. Primero debilitó a Luis Arce desde adentro del MAS: partió al oficialismo, fracturó sus bases y erosionó a un presidente que había llegado como aliado y heredero. Ahora, fuera del poder, esa misma estructura le sirve para condicionar a Rodrigo Paz. Cada ajuste, aumento de combustibles o medida de orden fiscal puede ser transformada por el evismo en una crisis de calle, con sindicatos, campesinos y sectores movilizados presionando no solo por demandas económicas, sino también por la renuncia del presidente. Evo ya no gobierna hace anos, pero mantiene poder sobre la gobernabilidad boliviana.

Esa dinámica de poder se asienta sobre una fractura territorial que ningún gobierno boliviano ha logrado resolver. La Bolivia del Oeste (altiplano y los valles con La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba) es la indígena, sindicalizada e históricamente movilizada, donde el MAS construyó su hegemonía y donde Evo todavía puede activar cortes de ruta y bloqueos. La Bolivia del Este (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) es la Bolivia agropecuaria e hidrocarburífera, más urbanizada, con una burguesía regional relevante que ha mirado más hacia Brasil y Argentina que hacia La Paz, y que protagonizo los referéndums autonómicos de 2008 como respuesta directa al proyecto refundacional de Evo. Durante el boom del gas, el Estado edificó una frágil paz entre las dos mitades. 

La Bolivia del Oeste (altiplano y los valles con La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba) es la indígena, sindicalizada e históricamente movilizada, donde el MAS construyó su hegemonía y donde Evo todavía puede activar cortes de ruta y bloqueos

Así planteado, el problema de fondo es más estructural y mucho más grave que una crisis política coyuntural: Bolivia se está quedando sin el recurso que sostuvo su modelo económico durante dos décadas. La producción de gas cayó desde un pico cercano a 59 millones de m³ diarios en 2014 a alrededor de 24–32 millones de m³ diarios en 2024/2025, según distintas estimaciones; las ventas externas de gas se redujeron cerca de 70% desde 2014 y las exportaciones a la Argentina terminaron en septiembre de 2024 por la caída de la producción boliviana. Al mismo tiempo, el país pasó de ser exportador energético a depender de importaciones: hoy importa gran parte del diésel y la gasolina que consume, lo que presiona sobre los dólares, los subsidios y las reservas. El FMI advirtió que la caída del gas está debilitando ingresos fiscales y externos, mientras el déficit superó el 10% del PBI en 2023 y 2024 y la deuda pública llegó a casi 95% del PBI. Cuando un Estado pierde divisas, combustible y capacidad fiscal al mismo tiempo, la crisis deja de ser económica y pasa a ser de autoridad. Por eso el riesgo de Estado fallido ya no es una exageración: si Bolivia no puede garantizar energía, transporte, alimentos, medicamentos y control territorial, pueden consolidarse zonas ingobernables bajo presión de sindicatos, economías ilegales y actores políticos con poder de veto. Para la región, el costo sería directo: más migración, más informalidad fronteriza, expansión del narcotráfico y una frontera norte más frágil para Argentina, Brasil, Chile y Perú.  

Donald Trump volvió a instalar la idea de que América Latina debe ser leída desde la lógica de la seguridad y la lucha contra el “narcoterrorismo”. En ese marco apareció el llamado Escudo de las Américas, presentado como un mecanismo regional de coordinación contra carteles, crimen organizado y redes transnacionales. Pero más allá del nombre y de la retórica, todavía existen más dudas que certezas sobre cómo funcionaría realmente: no queda claro si será una alianza militar, un esquema de inteligencia, un sistema de cooperación fronteriza o simplemente una plataforma política de alineamiento hemisférico. Lo que sí parece evidente es que Washington busca construir un instrumento flexible para intervenir diplomáticamente en escenarios de crisis regional, especialmente en países donde confluyen debilidad estatal, narcotráfico y conflictividad social. En ese contexto, Bolivia empieza a encajar cada vez más en el tipo de problema que la administración Trump quiere colocar dentro de una agenda continental de seguridad.